¿EL ADIOS A LA LEY RESERVADA DEL COBRE?

La ministra de Defensa chilena, Viviane Blanlot, anunció oficialmente a la prensa que el Gobierno prepara una "modificación" o una "derogación" de la Ley Reservada del Cobre, sustrato jurídico del envidiable nivel de ingresos que reciben hoy las Fuerzas Armadas y de Orden del país de la estrella solitaria, que dispone que el 10 por ciento de los ingresos de la megaestatal cuprífera Codelco se deriven al sector Defensa y al presupuesto anual del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Carabineros de Chile.

Este cuerpo legal data de 1958, pero en 1987 se le introdujeron artículos que establecieron un procentaje específico y fijo que Codelco debe entregar a las Fuerzas Armadas. Gracias a esta Ley y al aumento constante del valor de la libra de cobre en la bolsa de metales de Londres, motivada fundamentalmente por la alta demanda de la industria china, Chile ha logrado reequipar a sus Fuerzas Armadas con lo más moderno en armamento de Defensa convencional.

Se adquirieron con esos ingresos cuatro fragatas inglesas y cuatro holandesas para la Armada, una partida inicial de 28 aviones F-16, de los cuales 10 son nuevos, Block 50 C/D construidos especialmente para Chile por la Lockheed Martin y otros 18 de segunda mano comprados también a Holanda, pero repotenciados con tecnología de punta; 118 tanques Leopard II (comparable al M-1 Abrahms estadounidense) comprados a Alemania para el Ejército y se prepara la pronta adquisición de un satélite óptico de uso civico-militar, que será administrado por la Fach para la observación de eventuales amenazas al territorio.

¿Superavit militar?

La intención del Ejecutivo, expuesto a conocer por la ministra Blanlot, es que los recursos fiscales que llegan a las Fuerzas Armadas de Chile se rijan legalmente por criterios similares de los vigentes para las otras partidas de gasto público.

Según planteó Viviane Blanlot, el actual sistema de recursos para el sistema de Defensa nacional basado en la Ley del Cobre tiene algunas desventajas, por estar atado a un commodity cuyo precio es muy variable en el tiempo, pese a la estabilidad al alza que ha mostrado en el último tiempo. Con ello se persigue fundamentalmente una mayor responsabilidad y seguridad en la asignación de recursos. "En algunas ocasiones no se ha garantizado el mínimo necesario para el gasto en Defensa, y en otras épocas, como sucede ahora, se acumulan fondos importantes que no se usan", explicó la Ministra. Agregó que el monto de esos fondos que hoy no se alcanzan a gastar en las FF.AA. llegan a los 360 millones de dólares.

Blanlot dijo no tener claro aún si los cambios que se propondrán al cuerpo legal significarán la derogación de la ley reservada del cobre o sólo su modificación, pero sí fue enfática en señalar que si es necesario derogarla para reemplazarla por otro sistema de financiamiento, se hará.

Recalcó además que el nivel de gasto de Chile en materia de Defensa en es del orden del 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y que las Fuerzas Armadas están al tanto de la iniciativa y que existe una reacción positiva al respecto. "Creemos que debemos cambiar esta ley, manteniendo un sistema de financiamiento estable a través del tiempo, que puede estar ligado básicamente a la regla de superávit estructural establecida por el Ministerio de Hacienda y a una proporción del producto que sea adecuado para nuestros niveles de necesidades en Defensa. Y que no esté ligado al precio volátil de un commodity", señaló.

La principal preocupación tanto del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, como de los sectores conservadores y los ligados al área de Defensa, es que con la derogación o modificación de la Ley no se caiga en modelos presupuestarios inexistentes o ineficientes, como los existentes en otros países de la región y sobre los cuales un canon específico como el que la Ley del Cobre ofrecía las Fuerzas Armadas chilenas, otorgaba una ventaja presupuestaria muy conveniente.

Los sectores políticos agradecidos

Pese a lo que en un principio se pudiese pronosticar, la iniciativa tuvo en general una favorable acogida en diversos sectores del espectro político chileno, incluso una postura bastante transigente de parte de la derecha dura chilena. En esa línea, el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jovino Novoa, sostuvo que a los parlamentarios de su partido les es indiferente de dónde provengan los recursos, "siempre y cuando el país cuente con un financiamiento permanente para las necesidades de la Defensa Nacional y que éste no dependa de la contingencia de cada año".

Novoa planteó que el momento en que se discutan los cambios a la Ley Reservada del Cobre reviste de gran importancia para la UDI. De esa forma coincidió con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en que no es conveniente incursionar en modificaciones a la ley con motivo de la ley de responsabilidad fiscal.

El senador gremialista hizo ver la necesidad un sistema de financiamiento comprometido por leyes, tal y como lo plantea el Gobierno, en que quede establecido que todos los años habrá una disponibilidad de recursos en la ley de Presupuestos, para cubrir con ello las necesidades de Defensa. "En la medida que el Gobierno quiera proponer una alternativa distinta que cumpla los mismos propósitos, nosotros no tenemos problema", dijo Novoa.

A juicio del presidente de la comisión de Hacienda del Senado, el senador socialista Carlos Ominami, ya sea el nuevo marco legal de ingresos para las Fuerzas Armadas o la modificación de la actual ley verá la luz en el primer cuatrimestre del 2007. Ominami también concordó con la Ministra Blanlot en que lo que se busca es establecer un sistema estable de financiamiento de las FF.AA., que sea coherente con mantener un ritmo de inversiones de largo plazo para Defensa.

Ominami se mostró partidario de derogar la ley, pero reconoce que es un problema complejo, ya que hay que ser cuidadoso y garantizar que las Fuerzas Armadas tengan los recursos que les permitan sustentar su política de equipamiento.

Pese a que la ministra Viviane Blanlot reiteró que todavía no existe un proyecto de ley redactado, ejemplificó que se podría establecer una relación entre el producto y el gasto en Defensa que sea "adecuado y revisable cada cuatro años, de acuerdo con la política económica y macroeconómica de los gobiernos y en función de las necesidades del sector Defensa".

Por su parte, el diputado demócratacristiano Patricio Vallespín, dijo esperar que el proyecto contribuya fundamentalmente a transparentar el destino de los recursos que otorga la Ley.

Vallespín aseguró que es preciso que el presupuesto de las Fuerzas Armadas se discuta año a año mediante le ley que rige al sector público, pero con garantías de reserva en las sesiones de Comisión, en la Sala y en las instituciones respecto de la asignación de gastos.

El parlamentario recordó que la iniciativa que deroga la Ley Reservada del Cobre fue presentada con el respaldo de los diputados Enrique Accorsi, Marco Enríquez-Ominami, Alejandro Sule y Clemira Pacheco.

Uno de ellos, Alejandro Sule, del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD) dijo estar "absolutamente de acuerdo" con la intención del Ejecutivo de enviar un proyecto que modifique o derogue la Ley Reservada del Cobre. Sule fue mucho más lejos que otros parlamentarios, al considerar el cuerpo legal vigente como una ley "inapropiada, injusta, una distorsión a la Ley de Presupuesto Nacional y un resabio de la dictadura militar".

El parlamentario radical y miembro de la Comisión de Minería de la Cámara Baja reconoció que sería muy importante adelantar lo antes posible la presentación del proyecto, "para que se pudiera incluir su discusión en el presupuesto del 2007 y no en el del 2008 como ocurriría si es presentado en marzo del prximo año", dijo.

"Estoy de acuerdo con la derogación, porque automáticamente se pasaría a la discusión común y normal que se hace todos los años y se puede establecer con real precisión cuanto necesitan las diferentes ramas armadas de la Defensa y cuanto más podemos invertir en salud, educación e innovación tecnológica", recalcó el representante radical.

Sobre la actitud que tomarán las FF. AA en su momento, el diputado Sule dijo que "las Fuerzas Armadas van a estar de acuerdo con este proyecto, en la medida en que la discusión presupuestaria les garantice la cautela de sus necesidades básicas, las cuales no ascienden a montos superiores a los 300 millones de dólares por el momento y de ninguna manera a cifras superiores a los mil millones, por lo tanto esto es casi un asunto de sentido común".

Satélite: eyes in the sky será en julio

Por otra parte, en la misma conferencia de prensa dada por la Ministra de defensa participó el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, junto a quien Blanlot explicó que los aspectos financieros del ofrecimiento de un satelite presentado por el consorcio europeo EADS aún están en evaluación.

La Ministra confirmó que el Gobierno recibió ofertas de Corea, Israel y Canadá, además de los europeos. Sin embargo, se optó por evaluar el proyecto presentado por EADS, por considerar que el mismo se ajusta de mejor manera a los aspectos técnicos y económicos que el país necesita", dijo Blanlot, agregando que el rumor de que éste ha sido un proyecto que se ha desarrollado bajo secreto es total y absolutamente injustificado.

"Se realizaron encuestas a nivel nacional a 196 organismos públicos y a 48 asociaciones gremiales privadas, para que informaran sobre el uso civil que podían requerir de una herramienta como ésta. Se conversó con rectores de universidades, además de los diversos actores civiles que han participado abiertamente, convocados por la Agencia Espacial". Blanlot recordó que en el ámbito estrictamente militar, la iniciativa de explorar la oferta presentada por EADS ha sido acordada por la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Respecto a la necesidad de Chile de contra con una herramienta como ésta, el subsecretario Vergara destacó que pese a ser pioneros en esta materia con el lanzamiento de dos satélites experimentales enteramente construidos por la Fuerza Aérea en Chile a mediados de los noventa (Fasat-Alfa y Fasat-Bravo) y lanzados en 1995 y 1998 respectivamente, hoy países como Argentina, Brasil, México y Venezuela tienen un importante desarrollo en materia satelital, razón por la cual Chile va "un poco a la zaga" en éste ámbito.

Ambas autoridades agregaron que a mediados de julio el país estará en condiciones de confirmar o no la compra del sistema propuesto por el consorcio europeo, luego de analizar en detalle aspectos netamente económicos. De hacerse efectiva la compra, Chile contaría con un satélite que sería lanzado en el año 2009, con un costo de alrededor de 38 millones de euros, y que tendría una vida útil de 5 a 7 años.