PACTA SUNT SERVANDA

"Relaciones rociadas con nafta" versaba en la semana un titular de Página 12 para referirse al "trance" actual de la relación chileno-argentina. Lo más intrigante es que, como nunca antes (al menos desde la recuperación de la democracia en ambas naciones), las decisiones que toma el gobierno argentino se tornan socialmente bastante impopulares al otro lado de la cordillera, llevando todo el peso y las críticas contra el gobierno chileno por su supuesta actitud "blanda", casi ingenua, con la singular Argentina del señor Kirchner.

Y es que ese afán de integración, que hasta ahora tanto ha caracterizado la relación entre los dos países, y que con tanta voluntad ha impulsado La Moneda hasta ahora, parece que definitivamente comienza a desilusionar a La Moneda, que ve cómo esas declaraciones de hermandad y buena voluntad parecen no tener ningún efecto integrador en la dura y triste realidad. En términos simples, en Chile se acentúa cada vez más la idea de que se habla de integración, pero Argentina no respeta los acuerdos y atenta contra la misma.

Esos desencuentros se vienen generando so intentos de hacerlos pasar 'low profile' desde hace ya unos años, cuando el aumento del consumo interno de gas natural en Argentina acentuó una solapada escasez en la cuenca del Neuquén y por ende obligó a reducir los envíos del mismo a Chile, que a comienzos de esta década comenzó a expandir con mayor fuerza su economía, generando también una mayor demanda del hidrocarburo, del cual la Argentina es el principal proveedor. No obstante, los problemas comenzaron a evidenciarse aún más cuando el gobierno de Bolivia, entonces a cargo del verborreico Carlos Mesa, firmó un contrato con el gobierno de Néstor Kirchner para la provisión de gas del altiplano a una tarifa preferencial, paradójicamente el mismo tipo de acuerdo pactado entre entre Menem y Frei Ruiz-Tagle en los noventa para la exportación del etéreo combustible a través de la cordillera.

Sin embargo, en el caso de la rúbrica sellada entre Mesa y Kirchner surgía un elemento adicional: la directa alusión a un tercero hasta entonces exitoso y fácilmente extorsionable, por su gran dependencia energética y su casi insulzo afán de buen vecino "con guita", en la búsqueda de reivindicaciones históricas inmortalizadas en los acordes del "Lamento Boliviano" y convertidas ya en un eterno vía crucis... eterno porque nunca va a terminar, por cierto.

Surgía así el "candado" a la provisión argentina para "ninguna molécula de ese gas sea vendida a Chile", clásula aceptada sin reparos por Kirchner. Quién hubiese imaginado unos años antes que un presidente boliviano llegaría a imponer condiciones a Buenos Aires.... Soberbio.

Con todo, el gas llegó y el gobierno argentino, haciendo gala de su gran confiabilidad en la suscripción de acuerdos y estricta observancia de los tratados y la palabra empeñada, lo exportó de todas formas a Chile, en medio de impredecibles flujos que subían y bajaban de volumen sólo en sintonía con las encuestas que indicaban si el señor K estaba más arriba o más abajo en nivel de aprobación social.

Luego Bolivia, también muy observante de los tratados internacionales, con Evo Morales ya a la cabeza pidió modificar ese acuerdo con Buenos Aires y subir un precio del gas que consideraba injusto. Argentina accedió una vez más y el re-acuerdo se re-firmó en Buenos Aires. Una modificación bilateral para un tratado bilateral. El único problema -a saber, inaudito- era que el excedente de lo pre-arcordado por Argentina sería cargado a la tarifa que paga el "buen vecino con guita" por el gas que compra al otro lado de la cordillera. Evento predecible, pero no en un país donde prima la inamovilidad del derecho internacional y que basa sus relaciones en el supuesto de que los demás también lo observan, aunque la historia diga otra cosa.

Así estaba de tensa la situación, con el aumento del costo marginal que Chile pagaba por el gas argentino que, una vez más, "en aras la integración" la Ministra de Minería y Energía de 'la copia feliz del edén', Karen Poniachik, viajó a Buenos Aires a "imponerse" oficialmente del aumento de precio. "Chile no va a negociar nada a Argentina" aseguró. "La reunión sólo pretende que se informe de los detalles del aumento y de las consecuencias directas en la provisión de gas" se planteaba en La Moneda.

"No es una medida discriminatoria" aseguró entonces la ministra Poniachik, "debido a que este impuesto también se va a aplicar a Brasil y Uruguay. La secretaria de Estado agregó que tanto las autoridades chilenas como argentinas tienen la "mejor voluntad" para encontrar una fórmula, y evitar así, que la eventual alza afecte negativamente "el bolsillo" del consumidor nacional. "Hay que estar tranquilos porque estamos trabajando (...) para evitar un impacto nefasto par el consumidor chileno".

Discriminación v/s integración: alianza en riesgo

No pasó una semana de la reunión celebrada en Buenos Aires entre Poniachik y de Vido, cuando el ministro de Energía de Néstor Kirchner, Daniel Cameron, informaba que habrá un precio diferencial de la gasolina para los vehículos con patente extranjera -incluida la de nacionalidad chilena-, que compren el combustible en Argentina, lo que a su jucio, se trata de "una medida de simetría" que apunta a igualar los valores con los países vecinos.

"En general, los vehículos están entrando al país con tanques adicionales y de repente daría la impresión de que se está estableciendo un comercio de hormiga de combustible. Las fronteras con más problemas, por su extensión, son las de Brasil y Chile", argumentaba Cameron.

El Gobierno chileno no lo quería creer, o bien sabía que no convenía asegurarlo ante la opinión pública justo cuando Michelle Bachelet bajaba en las encuestas. "No es una información oficial que tenga el Gobierno, solamente mi primera reacción es doble: primero entiendo que es una medida de carácter doméstico y eso están en su derecho de aplicarla; y lo segundo, sí, ojalá que eso no tenga un impacto en el turismo chileno que va a Argentina tanto en vacaciones de invierno como para el 18 de septiembre", sostenía tempranamente el vocero del Gobierno, Ricardo Lagos Weber.

Pero la confirmación de la otra vez contridictoria oscilación argentina no tardó en llegar. Fue entonces que el mismo canciller Alejandro Foxley calificó de "discriminatoria" la medida anunciada por el gobierno de Kirchner.

Foxley sentenció que "ésto sería una discriminación que no veríamos como un gesto particularmente integracionista, desde el punto de vista de Argentina".

El canciller señaló inclusive que la medida le parece contradictoria con el mensaje de integración bilateral que "repetidamente" ha marcado las conversaciones entre los presidentes de ambos países, Néstor Kirchner y Michelle Bachelet. Indicó que el Gobierno analizará la situación y el texto para ver las acciones a seguir en el corto plazo, sin precisar si se recurrirá a instancias como la Organización Mundial del Comercio para solicitar su intervención.

Pero fue la misma presidenta Bachelet la que dejó ver la seriedad con la que Chile estaba tomando el tema, como si fuese una medida directamente en contra del país. La mandataria calificó el aumento del precio de los combustibles como una medida incomprensible. "Esa medida no nos parece comprensible, no nos parece que apunta a la mayor integración, será materia que conversaremos entonces con los distintos presidentes para mirar cómo avanzamos más bien en mayor integración y podemos no tener medidas como ésta que realmente atentan contra una mayor integración", sostuvo.

Bachelet se refirió a la próxima reunión del Mercosur que se realizará los próximos 20 y 21 del presente en Córdoba, donde estarán presentes los Jefes de Estado integrantes plenos de la organización: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y ahora la "democrática" Venezuela chavista, más los miembros honorarios, como Chile y Bolivia.

Bachelet reiteró que como Gobierno hará "todo lo que corresponde hacer al respecto, entendiendo que los países pueden tomar 'decisiones internas' pero eso no justifica una medida que lesiona los afanes de integración de la región".

La Mandataria salía a apagar así el incendio que había estallado sobre el gas y al nafta entre dos países que hasta entonces parecían haber alcanzado niveles enviables de entendimiento. Las críticas de la derecha chilena cayeron entonces sin piedad alguna. El emplazamiento de la UDI al Gobierno fue a "ponerse de una vez los pantalones" para enfrentar la situación con Argentina.

El senador gremialista Pablo Longueira sostuvo que ante las restricciones de gas de Argentina y el anuncio de que los vehículos con patente chilena pagarán más caro el combustible, "el Gobierno debería tomar acciones más decididas y enérgicas, como por ejemplo, protestar ante organismos internacionales o imponer sanciones económicas".

"Hoy, está llegando la mitad del gas de lo que estaba estipulado y los que pagan las consecuencias son los consumidores. "¿Qué estamos esperando para protestar?¿qué hayan más restricciones? Me parece que el gobierno debe buscar alguna forma de manifestar su molestia", sentenció el parlamentario. Longueira aseguró que el país está en condiciones de explorar necesariamente otras posibilidades de abastecimiento energético, como es el caso de la energía nuclear.

La Presidenta se limitó a pedirle al gremialismo que fuese más propositivo porque aseguró desconocer alguna recomendación de esta colectividad para hacer frente al impasse bilateral.

Pero las críticas arreciaban inlcuso al interior del mismo oficialismo, a tal punto que el presidente de la Comisión de Minería y Energía, Jaime Mulet, de la Democracia Cristiana, calificó como "inaceptable, torpe e ineficiente" la medida de Argentina de establecer un "precio diferencial" en el combustible para vehiculos extranjeros, lo que, afirmó, "afecta el proceso de integración iniciado por el ex presidente Eduardo Frei".

El presidente de la comisión aseguró que la medida "constituye un escenario preocupante, la gota que rebasó el vaso, la verdad es que estamos frente a una situación muy complicada en lo comercial y que, obviamente, puede derivar en complicaciones políticas".

Daniel Cameron, explicaba en la Argentina que el alza en las zonas fronterizas para los vehículos extranjeros pretende "asegurar el abastecimiento interno". Ello porque en Chile, el litro de gasolina cuesta aproximadamente 1,22 dólares (660 pesos chilenos), mientras en Argentina el precio equivale a unos 0,6 dólares.

En la misma Argentina

La prensa se hizo eco entonces de lo que parecía una medida impopular incluso en las zonas fronterizas de la Argentina, como Salta, San Juan, Mendoza, Neuquén, Bariloche, Río Turbio o Río Gallegos. De hecho, la ministra de Turismo de la provincia de Mendoza, Mariana Juri, señaló que "no es una medida conveniente si queremos fomentar al turismo" y prefirió guardar su opinión para "cuando tengamos más información al respecto".

Y es que la novedad surgía precisamente cuando Mendoza espera un importante flujo de visitantes chilenos, con motivo de las vacaciones escolares que en el país de la estrella solitaria comenzarán esta semana.

Por su parte, los dueños de estaciones de servicio adheridos a la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) analizarían posibles medidas de fuerza en apoyo de sus demandas para que se reduzcan los impuestos que se aplican a las naftas, a fin de "recuperar rentabilidad".

La presidenta de la Federación, Rosario Sica, advirtió inclusive que si el Gobierno no responde a sus demandas, se hará "un paro de cierta importancia" que durará "como mínimo 24 horas y se realizaría en todo el país". La empresaria, en diálogo con radio Continental, dijo que "hoy va a haber una reunión importante, con gente del interior del país, para evaluar cómos e va a enfocar definitivamente" su pedido de reducción de las tasas que se aplican a los combustibles.

"Lo último que haremos será un paro de cierta importancia, si es que los funcionarios del Gobierno no nos responden", señaló, tras destacar que los expendedores "no queremos perjudicar al consumidor" pero se impone una modificación, dijo, en las tasas que en el caso de Ingresos Brutos alcanza "casi el 50 por ciento del valor del litro de nafta".

Lo pactado obliga

¿Qué deberá esperar Chile entonces de la relación de integración con su frontera más extensa? Por lo pronto, sin duda que la idea rectora del Gobierno de Michelle Bachelet en política exterior, el acercamiento hacia los países de la Región, deberá ser, cuando menos, revisado. Se deberán comenzar a asumir las realidades políticas del entorno más directo y dejar de lado las declaraciones de buenas intenciones o, al menos, no basar una estrategia de Estado en zonas críticas del desarrollo nacional a ellas. A priori, dejar tanto en la Argentina, como en otros "socios estratégicos" una premisa clara, inamovible y hacerla respetar: Pacta sunt servanda. Aunque sea por honor, lo pactado obliga.